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Const. Arg. de 1949 y Const. Venezolana de 2000

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CONSTITUCION ARGENTINA DE 1949

CONSTITUCION BOLIVARIANA DE 2000

Instituto de Formación y Capacitación Política "GRAL. JUAN DOMINGO PERON"

Dos Constituciones Populares

En el presente artículo se intenta hacer una comparación entre dos Constituciones surgidas de dos gobiernos separados por el tiempo histórico pero que tienen en común el ser y haber sido eminentemente populares: el de Juan Domingo Perón, en Argentina, y el de Hugo Chávez, contemporáneo, en la República Bolivariana de Venezuela.
Separadas significativamente en el tiempo, es importante subrayar fundamentales coincidencias. Dos hombres, dos países, dos pueblos, se aprestaron y se aprestan a defender los mismos ideales de justicia social, soberanía política e independencia económica.
Los ideales son, como dice la palabra, aspiraciones de perfección, un camino a seguir. Por supuesto que la consecución de tales fines en forma pura no es posible, ya que no vivimos ni hoy ni ayer en situaciones ideales.
Pero creo que ambos gobiernos representaron y representan movimientos populares que avanzaron en el sentido de estos ideales que los guiaron y guían. Y que ambos quisieron y quieren dejar establecidos en un texto constitucional las normas y principios donde sostenerlos.
Aunque parezca mentira, desde dos contextos distintos, uno en el mundo globalizado, el otro desde la televisión blanco y negro; uno en una época más propicia (que no significa desvalorizar, teniendo en cuenta la cantidad de cospiraciones contra el proyecto popular en todo el decenio 46-55 de gobierno peronista); otro en un contexto que hacen verlo como un extraterrestre entre tanto neoliberalismo y podredumbre. Uno y otro. Los dos. Proyectos populares encarnados en las Constituciones y en los artículos que a continuación se analizan.

Algunos artículos

En ambas constituciones hay un trato especial hacia los derechos sociales, los derechos a la salud, a la educación, al trabajo del pueblo.
La Constitución Justicialista de 1949 dedica el capítulo 3 a los derechos del trabajador, de la familia, de la ancianidad y de la educación y la cultura.
La Constitución Bolivariana habla también de estos aspectos en distintos artículos. Respecto de la familia, plantea la inembargabilidad del patrimonio familiar (artículo 79).
El mismo artículo establece que El Estado estimulará y favorecerá el ahorro familiar y el acceso de las familias al crédito.
Estas medidas auyentadoras de usureros suelen provocar inevitables oposiciones. ¿Qué dirían los rematadores de Argentina ante semejantes medidas?
Pero la enunciación de derechos sociales sabemos que no es suficiente para su efectivo cumplimiento. En el mundo somos testigos que, por ejemplo, la declaración universal de derechos humanos, no ha impedido ni impide de por sí muchas masacres y violaciones a la dignidad humana.
Por esto, es necesario pasar de la retórica a los hechos. Empezaré a adentrarme en aquellos artículos que considero fundamentales o importantes para la consecución y efectivización de los derechos sociales que ambas Constituciones, como tantas del mundo, enuncian.
En los artículos que siguen puede notarse la filosofía de las dos Constituciones, el marco general en el cual se encuadran, los valores que las guían. La Constitución de 1949, contra el individualismo, pregona al Capital en función social.

Artículo 39
El capital debe estar al servicio de la economía nacional y tener como principal objeto el bienestar social. Sus diversas formas de explotación no pueden contrariar los fines de beneficio común del pueblo argentino.

En este sentido, la Constitución Bolivariana identifica también el enemigo, aquel capital que no se presta a su función social, atacando al latifundio improductivo y especulador. En el artículo 305 declara que el régimen latifundista es contrario al interés social. El interés social es, entonces, más importante que el individual. De otra manera, los derechos sociales que nombramos al principio no podrían nunca efectivizarse.
Un aspecto importante que ambas Constituciones incluyen es un claro nacionalismo económico, presentes en los artículos 12 y 301 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y por el número 40 en la Constitución argentina de 1949 (entre otros, téngase en cuenta que se ha realizado una selección en ambos casos).

A continuación, la Constitución Bolivariana:

Artículo 12
Los yacimientos mineros y de hidrocarburos, cualquiera que sea su naturaleza, existentes en el territorio nacional, bajo el lecho del mar territorial, de la zona marítima contigua y en la plataforma continental, pertenecen a la República, son bienes del dominio público y, por tanto, inalienables e imprescriptibles.

En este artículo puede verse la defensa de los intereses nacionales y de la propiedad de los recursos estratégicos, como el petróleo. Declara los yacimientos inalienables e imprescriptibles, o sea, imprivatizables, lo que constituye una real osadía en estos tiempos de globalización y el predominio de las firmas multinacionales, que todo lo acechan. De hecho, uno de los sectores que más se ha plegado al paro golpista en Venezuela son justamente los sectores petroleros que quieren privatizar la estatal PEDEVESA.
De hecho, en el artículo 301 incluye particularmente el tema de esta empresa estatal de petróleo, lo que habla de una Constitución concreta y situada:
Artículo 301
Por razones de soberanía económica, política y de estrategia nacional, el Estado conservará la totalidad de las acciones de Petróleos de Venezuela, S.A., o del ente creado para el manejo de la industria petrolera, exceptuando la de las filiales, asociaciones estratégicas, empresas y cualquier otra que se haya constituido o se constituya como consecuencia del desarrollo de negocios de Petróleos de Venezuela.

Veamos qué decía al respecto la Constitución justicialista de 1949:

Artículo 40
La organización de la riqueza y su explotación tienen por fin el bienestar del pueblo, dentro de un orden económico conforme a los principios de la justicia social. El Estado, mediante una ley, podrá intervenir en la economía y monopolizar determinada actividad, en salvaguardia de los intereses generales y dentro de los límites fijados por los derechos fundamentales asegurados en esta Constitución. Salvo la importación y exportación, que estarán a cargo del Estado, de acuerdo con las limitaciones y el régimen que se determine por ley, toda actividad económica se organizará conforme a la libre iniciativa privada, siempre que no tenga por fin ostensible o encubierto dominar los mercados nacionales, eliminar la competencia o aumentar usurariamente los beneficios.
Los minerales, las caídas de agua, los yacimientos de petróleo, de carbón y de gas, y las demás fuentes naturales de energía, con excepción de los vegetales, son propiedad imprescriptibles e inalienables de la Nación, con la correspondiente participación en su producto que se convendrá con las provincias.
Los servicios públicos pertenecen originariamente al Estado, y bajo ningún concepto podrán ser enajenados o concedidos para su explotación. Los que se hallaran en poder de particulares serán transferidos al Estado, mediante compra o expropiación con indemnización previa, cuando una ley nacional lo determine.
El precio por la expropiación de empresas concesionarios de servicios públicos será el del costo de origen de los bienes afectados a la explotación, menos las sumas que se hubieren amortizado durante el lapso cumplido desde el otorgamiento de la concesión y los excedentes sobre una ganancia razonable que serán considerados también como reintegración del capital invertido.

Oímos hablar muy a menudo de la soberanía del pueblo. Para que esto pueda ejercerse efectivamente, los bienes estratégicos y económicos fundamentales de la Nación tienen que ser propiedad del ente público, propiedad del pueblo. Si no, estaríamos hablando de soberanía de las trasnacionales, de las privatizadas (que deciden, entre otras cosas, las tarifas a su antojo), etcétera.

Los artículos de ambas Constituciones implican prescripciones concretas, como se ve, acerca de la economía y la propiedad de los bienes de la Nación. Los bienes de la Nación son imprivatizables.
La Constitución establece normas importantes para el desarrollo del futuro del país y no deja librado a un gobernante la posibilidad de actuar libremente en Economía, de hacer y deshacer a su antojo. Pues bien, por ejemplo, en la Constitución argentina actual no hay ninguna prescripción del estilo, reduciéndose a cuestiones de forma de cómo aprobar las leyes, funciones de los poderes, aspectos que todas las Constituciones obviamente tienen y es necesario que tengan, pero no le incorpora un contenido de fondo, de defensa nacional como sí lo hay en estas dos Constituciones. En otras palabras, lo que sostienen ambas es que la patria no se vende y la soberanía es del pueblo.
Se reivindica, para horror de cualquier neoliberal, la posibilidad de que el Estado intervenga en la Economía.
La Constitución Bolivariana también lo sostiene en el artículo 297:

...El Estado conjuntamente con la iniciativa privada promoverá el desarrollo armónico de la economía nacional con el fin de generar fuentes de trabajo, alto valor agregado nacional, elevar el nivel de vida de la población y fortalecer la soberanía económica del país, garantizando la seguridad jurídica, solidez, dinamismo, sustentabilidad, permanencia y equidad del crecimiento de la economía, para garantizar una justa distribución de la riqueza mediante una planificación estratégica democrática participativa y de consulta abierta...

Para concluir este breve análisis, el artículo de la Constitución Bolivariana que habla de la más temida de las soberanías, la del Pueblo.

Artículo 5
La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo, quien la ejerce directamente en la forma prevista en la Constitución y las leyes, e indirectamente mediante el sufragio por los órganos que ejercen el Poder Público.
Los órganos del Estado emanan de la soberanía popular y a ella están sometidos.

Ayer y hoy. Acá y allá

Llama la atención realmente que existan tantas coincidencias en Constituciones tan separadas en tiempo y contexto. Si en 1949, el estado de bienestar se desarrollaba en el mundo, en 1999 el apogeo neoliberal hace a la Constitución bolivariana representante de otro tiempo que parecía olvidado. Entonces, la historia parecería girar en círculos. Lo que parecía enterrado vuelve a resurgir y lo que parecía establecido como pensamiento único tiembla... Tanto que a lo que revive se lo quiere volver a sepultar, en sucesivas intentonas fracasadas. No vaya a ser que de tanto tirar tierra, la tierra comience a cubrir al pensamiento neoliberal, instalado a mediados del 70 en Latinoamérica en general y en 1976 en Argentina en particular.
Esta historia circular, que va y vuelve, que sepulta y revive, es la historia también de nuestro pueblo latinoamericano y argentino. En fases sucesivas fue sepultado, oprimido, negado y en otras renació pujante y desafiante ante la mirada de los que lo creían muerto. Parece ser como una guerra en que ninguna de las dos fuerzas que se enfrentan triunfa acabadamente: el pueblo y el antipueblo. El pueblo está ahora replegado, guarecido en la trinchera, a la defensiva, aunque también disperso y en parte desalentado. Tarde o temprano reagrupará sus fuerzas, o lo que queda de ellas, para lanzarlas de nuevo a recuperar la dignidad y la patria.
En Venezuela decididamente y en otros países de Latinoamérica el olvidado pueblo parece volver a resurgir de sus cenizas. Es un camino lento, pues el daño inflingido por el enemigo fue importante. Pero surgen experiencias como la de esta Revolución Bolivariana que, con todas sus limitaciones, parece marcar el camino del retorno de los pueblos a la participación en la vida política y social.
El pueblo. Ese enigmático ser que a veces camina por el costado de la historia, sufriéndola y mirándola, contemplándola, desgarrándose, casi desintegrándose.
Ese ser que parece dormido, de repente despierta y aparece en la historia como una revelación, demoníaca para unos y divina para otros. Cuando despierta, hace vibrar a la tierra entera, al hombre, a la historia, al olvido, al país, al continente, a la humanidad, a la conciencia de los que lo creyeron muerto.

Prof. Sebastián Giménez

LAS GRANDES TRANSFORMACIONES REVOLUCIONARIAS DE LA
CONSTITUCION NACIONAL DE 1949


1) Justicia Social (art. n° 37)
· Decálogo de los Derechos del Trabajador
· Decálogo de los Derechos de la Ancianidad
- seguridad social, retribución digna, protección, preservación de la salud, alimentación, etc.
2) Familia (art. n° 37)
· Derechos de la Familia
- Protección del matrimonio, la madre y el niño
- Protección de la unidad económica familiar y garantía del bien de familia
3) Régimen Económico (arts. N° 38, 39 y 40)
· Economía al servicio de la comunidad
· Acción Estatal
· Nacionalización de los servicios públicos, comercio exterior y fuentes de energía
· Iniciativa privada sujeta a fines comunes
· La tierra es para quien la trabaja
· Función social del Capital
4) Régimen Financiero (arts. 4, 28 y 68)
· Actividad Económica del Estado como proveedora de rentas
· Impuestos progresivos (mayor tasa a mayor ingreso)
· Empresas Estatales
5) Derechos y Garantías (arts. 14, 15, 21, 26, 29 y 31)
· Derecho de reunión
· Condena la sedición y subversión
· Derechos políticos a los extranjeros
6) Soberanía Popular (arts. 43, 47, 48, 59, 63, 66, 78, 82 y 92)
· Posibilidad de ser elctos para naturalizados y clérigos regulares
· Elección Directa
· Participación de los habitantes de los territorios nacionales en elecciones
· Eliminación de la necesidad de una renta mínima para ser senador y miembro de la orte Suprema de Justicia de la Nación
· Unificación de los mandatos
· Funcionamiento de las Cámaras Legislativas con proporción de sus miembros
· Reelección Presidencial
7) Soberanía Política y Orden Público ( arts. 18, 32, 42 y 95)
· La libre navegación de los ríos queda limitada por defensa nacional y seguradad común
· Prestar fidelidad a la Patria y a la Constitución por parte de los funcionarios públicos
· Censo nacional cada 10 años
· La C.S.J.N s además tribunal de casación
8) Cultura y Educación (Preámbulo y arts. N° 37)
· Defensa de la cultura nacional
· Derecho a la educación y la cultura
· Promueve la orientación profesional y el perfeccionamiento del magisterio
· Gobierno universitario con autonomía dentro de la ley
· Sostiene el papel de la Familia
· Promueve las escuelas rurales
· Gobierno universitario con autonomía dentro de la ley

Lic. Pablo Vázquez
Director